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55. CONVENCION SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DEL PLAGIO INTERNACIONAL DE MENORES

55. CONVENCION SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DEL PLAGIO INTERNACIONAL DE MENORES. 


Datos Generales.-

Lugar: La Haya, Países Bajos.

Tipo: Multilateral.

Fecha de suscripción: 25/10/1980.

Fecha de publicación: Registro Oficial No. 36, de fecha 29 de septiembre de 1992.

Texto.- 

Los Estados signatarios de la presente Convención:

Profundamente convencidos que los intereses del menor son de primordial importancia en todos los asuntos relacionados con su custodia,

Deseando proteger al menor, en el plano internacional, contra los efectos dañinos del traslado o de la retención ilícitos y de establecer procedimientos para garantizar el regreso inmediato del menor al Estado de su residencia habitual, así como para asegurar la protección de los derechos de visita,

Han resuelto celebrar una Convención para este efecto, y han acordado las siguientes disposiciones:

CAPITULO I

ALCANCE DE LA CONVENCION

Artículo 1. Los objetivos de la presente Convención son:

a) Asegurar el regreso inmediato de los menores trasladados o retenidos ilegalmente en todo Estado Contratante; y, 

b) Asegurar que los derechos de custodia y de visita que contemplen las leyes de un Estado Contratante se respeten en forma efectiva en los demás Estados Contratantes.

Artículo 2. Los Estados Contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para asegurar dentro de su territorio el cumplimiento de los objetivos de la Convención. Para este efecto, deberán recurrir a los procedimientos más ágiles disponibles.

Artículo 3. El traslado o la retención de un menor será considerado ilícito:

a) Si ha tenido lugar en violación de los derechos de custodia atribuidos a una persona, institución u otro organismo, solo o conjuntamente, de acuerdo con la Ley del Estado en el cual el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención; y,

b) Si estaba en el goce pleno de los derechos de manera efectiva, solo o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o lo hubiese estado de no haber sucedido tales eventos.

El derecho de custodia mencionado en el subpárrafo a) precedente, puede surgir especialmente de una atribución de pleno derecho o de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo en vigencia según la Ley de ese Estado.

Artículo 4. La Convención se aplica a todo menor que tenía su residencia habitual en un Estado Contratante inmediatamente antes de la violación a los derechos de custodia o de visita. La aplicación de la Convención cesará cuando el menor llegue a la edad de 16 años.

Artículo 5. Para los fines de la presente Convención:

a) "Derecho de Custodia" comprende el derecho que se relaciona con el cuidado de la persona del menor y, especialmente, el derecho de decidir su lugar de residencia; y,

b) "Derecho de Visita" comprende el derecho de llevar al menor por un período limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual.

CAPITULO II

AUTORIDADES CENTRALES

Artículo 6. Cada Estado Contratante designará a una Autoridad Central encargada de satisfacer las obligaciones que le sean impuestas por la Convención.

Un Estado Federal, un Estado en el cual varios sistemas de derecho estén en vigencia o un Estado que tenga organizaciones territoriales autónomas, está libre de designar a más de una Autoridad Central y de especificar la extensión territorial de los poderes de cada una de estas Autoridades. El Estado que haga uso de esta facultad designará a la Autoridad Central ante la cual las demandas pueden ser dirigidas, con el fin de ser transmitidas a la Autoridad competente dentro del seno de ese Estado.

Artículo 7. Las Autoridades Centrales deben cooperar entre ellas y promover una colaboración entre las Autoridades competentes en sus Estados respectivos para asegurar el regreso inmediato de los menores y lograr los demás objetivos de la presente Convención:

En particular, ya sea directamente o a través de intermediarios, deben tomar todas las medidas apropiadas:

a) Para localizar a un menor trasladado o detenido ilegalmente;

b) Para prevenir nuevos peligros para el menor o perjuicios para las partes en cuestión, tomando o haciendo tomar medidas provisionales;

c) Para asegurar la devolución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable;

d) Para intercambiar, de considerarlo de utilidad, informaciones relacionadas con la situación social del menor;

e) Para proporcionar información general referente a la Ley de su Estado en relación con la aplicación de la Convención;

f) Para iniciar o facilitar la apertura de procesos judiciales o administrativos, con el fin de obtener el regreso del menor y en caso contrario, para permitir, organizar o asegurar el derecho de visita;

g) Para acordar o facilitar, según las circunstancias, la obtención de la ayuda judicial y jurídica, e inclusive la participación de un abogado;

h) Para asegurar, de ser necesario y oportuno, en el plano administrativo, el regreso del menor sin que haya peligro para él; y,

i) Para mantenerse mutuamente informados sobre el funcionamiento de la Convención, y de ser posible, eliminar cualquier obstáculo encontrado durante su aplicación.

CAPITULO III

REGRESO DEL MENOR

Artículo 8. Cualquier persona, institución u organismo que reclame que un menor ha sido trasladado o detenido en violación del derecho de custodia, puede presentar la queja, ya sea a la Autoridad Central de la residencia habitual del menor, o ante aquella de cualquier otro Estado Contratante, para que ayuden a conseguir el regreso del menor.

La demanda debe contener:

a) Informaciones relacionadas con la identidad del demandante, del menor y de la persona que se alegó haber llevado o detenido al menor;

b) La fecha de nacimiento del menor, si es posible obtenerla;

c) Los motivos que tiene el demandante para reclamar el regreso del menor;

d) Toda la información disponible relacionada con la localización del menor y la identidad de la persona con la cual el menor presuntamente se encuentra.

La demanda puede estar acompañada o completada por:

e) Una copia autentificada de cualquier decisión o acuerdo relevante;

f) Un certificado o una declaración juramentada proveniente de la Autoridad Central o de otra autoridad competente del Estado de la residencia habitual del menor, o de una persona calificada, acerca del derecho relevante del Estado; y,

g) Todo otro documento relevante.

Artículo 9. Si la Autoridad Central que recibe una demanda en virtud del artículo 8, tiene razones para pensar que el menor se encuentra en otro Estado Contratante, ésta transmitirá directamente y sin demora la demanda a la Autoridad Central de ese Estado Contratante e informará a la Autoridad Central solicitante, o al demandante, según el caso.

Artículo 10. La Autoridad Central del Estado donde se encuentra el menor tomará o hará tomar las medidas adecuadas para asegurar la entrega voluntaria del menor.

Artículo 11. Las Autoridades Judiciales o Administrativas de todo Estado Contratante deberán actuar con celeridad para la devolución del menor. Si la Autoridad Judicial o Administrativa pertinente no ha tomado una decisión en un plazo de seis semanas, a partir de la fecha del comienzo del proceso, el demandante o la Autoridad Central del Estado requerido, de oficio o a petición de la Autoridad Central del Estado requirente, tendrá el derecho de solicitar una declaración sobre los motivos de este atraso. Si la respuesta es recibida por la Autoridad Central del Estado requerido, dicha Autoridad transmitirá la respuesta a la Autoridad Central del Estado requirente o al demandante según el caso.

Artículo 12. Cuando un menor ha sido trasladado o detenido ilícitamente bajo los términos del artículo 3 y que un período de menos de un año ha pasado desde el traslado o la detención al momento de la presentación de la demanda ante la autoridad judicial o administrativa del Estado Contratante donde se encuentra el menor, la Autoridad en cuestión ordenará su inmediato regreso.

La Autoridad Judicial o Administrativa, aún cuando los procesos se hayan iniciado después de la expiración del período de un año, previsto en el párrafo anterior, deberá también ordenar el regreso del menor, a menos de que se haya demostrado que el menor se ha integrado a su nuevo medio.

Cuando la Autoridad Judicial o Administrativa del Estado requerido tenga motivos para creer que el menor ha sido llevado a otro Estado, podrá suspender el proceso o rechazar la demanda de devolución del menor.

Artículo 13. No obstante las disposiciones del artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar el regreso del menor, cuando la persona, la institución o el organismo que se opone a su regreso establece:

a) Que la persona, la institución o el organismo que tenía el cuidado de la persona del menor no ejercía el derecho de custodia en el momento del traslado o de la detención, o había consentido o asentido posteriormente a este traslado o a esa detención; o,

b) Que existe un grave riesgo de que el regreso del menor le pueda ocasionar daño físico o psíquico o que de cualquier otro modo el regreso del menor le pueda poner en una situación intolerable.

La Autoridad judicial o administrativa puede también rehusar ordenar el regreso del niño si constata que este menor se opone a su regreso y tiene una edad y un estado de madurez que amerite tomar en cuenta su opinión.

Al considerar las circunstancias referidas en este artículo, las Autoridades Judiciales y Administrativas deben tener en cuenta la información sobre la situación social del menor proporcionada por la Autoridad Central u otra Autoridad competente del Estado en donde reside habitualmente el menor.

Artículo 14. Para determinar la existencia de un traslado o de una detención ilícita bajo los términos del artículo 3, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido puede tener en cuenta directamente el derecho y las decisiones judiciales o administrativas reconocidas, formalmente o no, en el estado de la residencia habitual del menor, sin recurrir a los procedimientos específicos sobre la prueba de este derecho o para el reconocimiento de las decisiones extranjeras que serían aplicables de otro modo.

Artículo 15. Las Autoridades Judiciales o Administrativas de un Estado Contratante pueden, antes de ordenar el regreso del menor, pedir que el demandante presente una decisión o certificado proveniente de las Autoridades del Estado de la residencia habitual del menor, constatando que el traslado o la detención era ilícita bajo los términos del artículo 3 de la Convención, en la medida en que dicha decisión o certificado pueda ser obtenido en ese Estado. Las Autoridades centrales de los Estados Contratantes ayudarán al demandante, en la medida de lo posible, para obtener tal decisión o certificado emanante.

Artículo 16. Después de recibir información del traslado o la detención ilícita de un menor, en los términos del artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Contratante a donde el menor ha sido llevado o detenido no podrán decidir sobre el fundamento del derecho de custodia hasta que se establezca que las condiciones de la presente Convención para la devolución del menor no hayan sido cumplidas o hasta que un período razonable haya pasado sin que una demanda fundamentada en esta Convención haya sido presentada, después de haber recibido la noticia.

Artículo 17. El mero hecho de que una decisión relativa a la custodia haya sido tomada o sea susceptible de ser reconocida en el Estado requerido no puede justificar el rechazo para devolver al menor en el marco de esta Convención, pero las Autoridades Judiciales o Administrativas del Estado requerido pueden tomar en consideración los motivos de esta decisión al momento de aplicar lo estipulado en la Convención.

Artículo 18. Las disposiciones de este capítulo no limitan el poder de la Autoridad Judicial o Administrativa para ordenar el regreso del menor en cualquier momento.

Artículo 19. Una decisión sobre el regreso del menor, dentro del marco de la Convención no afecta la resolución sobre el derecho de custodia.

Artículo 20. El retorno del menor, de conformidad con las disposiciones del artículo 12, puede ser rechazado cuando éste no sea permitido por los principios fundamentales del Estado requerido, sobre la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales.

CAPITULO IV

DERECHO DE VISITA

Artículo 21. Una solicitud para organizar o asegurar el goce efectivo del derecho de visita puede ser dirigida a la Autoridad Central de un Estado Contratante de la misma manera que una solicitud relacionada con el regreso del menor.

Las Autoridades Centrales están limitadas por las obligaciones de cooperación mencionadas en el artículo 7 para fomentar el gozo apacible del derecho de visita y el cumplimiento de las condiciones a las cuales el ejercicio de este de derecho sería sometido. Las Autoridades Centrales darán los pasos con el fin de eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos opuestos al ejercicio de dichos derechos.

Las Autoridades Centrales, de manera directa o a través de intermediarios, pueden comenzar o apoyar un proceso legal con miras a organizar o proteger estos derechos y asegurar el respeto de las condiciones a las cuales se encuentra sujeto el ejercicio de estos derechos.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 22. Ninguna fianza, obligación o depósito, bajo cualquier denominación puede ser impuesto para garantizar el pago de los gastos y costos en el contexto de los procesos judiciales o administrativos dentro del campo de esta Convención.

Artículo 23. Ninguna legalización ni formalidad similar será requerida en el marco de la Convención.

Artículo 24. Toda demanda, comunicación u otro documento será enviada en su idioma original a la Autoridad Central del Estado requerido y estará acompañada por una traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales de ese Estado, o cuando eso no sea factible, se realizará una traducción al francés o al inglés.

Sin embargo, un Estado Contratante podrá, haciendo la reserva prevista en el artículo 42, oponerse a la utilización del francés o del inglés, pero no de los dos, en toda demanda, comunicación u otro documento dirigido a su Autoridad Central.

Artículo 25. Los ciudadanos de un Estado Contratante y las personas que residen habitualmente en ese Estado tendrán derecho, para todo lo que concierne a la aplicación de la Convención, a la ayuda jurídica y a la asesoría en cualquier otro Estado Contratante, bajo las mismas condiciones como si fuesen ciudadanos de este otro Estado y si residiesen allí habitualmente.

Artículo 26. Cada autoridad central asumirá sus propios gastos al aplicar la Convención.

La Autoridad Central y los otros servicios públicos de los Estados Contratantes no impondrán ningún gasto en relación con las demandas presentadas bajo la Convención. De manera particular no pueden reclamar del demandante el pago de costas procesales o donde sea aplicable, los honorarios de abogados o consultores. Sin embargo, pueden demandar el pago de los gastos de las operaciones relacionadas con el regreso del menor.

Sin embargo, un Estado Contratante podrá, haciendo la reserva prevista en el artículo 42 declarar que no será obligado a pagar los gastos referidos en el párrafo anterior, relacionados con la participación de abogados o consultores, o el proceso judicial, excepto en la medida en que dichos gastos puedan ser cubiertos por su sistema de ayuda legal y judicial.

Al ordenar el regreso del menor o al emitir una orden referente al derecho de visita en el marco de la Convención, las Autoridades judiciales o administrativas pueden, de ser necesario, exigir a la persona que llevó o detuvo al menor, o que impidió el goce del derecho de visita, el pago de todo gasto necesario incurrido por el demandante o que se haya hecho en su nombre, que incluye los gastos de viaje, cualquier gasto o pago efectuado para localizar al menor, los gastos de representación judicial del demandante y del regreso del menor.

Artículo 27. Cuando es manifiesto que no se han cumplido las condiciones requeridas por la Convención o que la demanda no está fundamentada, una Autoridad Central no está obligada a aceptar tal demanda. En ese caso, la Autoridad Central informará inmediatamente sus motivos al demandante o en caso contrario a la Autoridad Central que le ha transmitido la demanda.

Artículo 28. Una Autoridad Central puede exigir que la demanda sea acompañada de una autorización por escrito que le dé el poder de actuar en representación del demandante, o de designar un representante habilitado para que actúe en su nombre.

Artículo 29. La Convención no obstaculiza la facultad de cualquier persona, institución u organismo que alegue que hubo una violación del derecho de custodia o de visita según los artículos 3 o 21, para dirigirse directamente a las Autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante, ya sea o no bajo las disposiciones de la Convención.

Artículo 30. Toda demanda, sometida a la Autoridad Central o directamente a las Autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante según los términos de la Convención, junto con documentos o información que le sea anexada o proporcionada por una Autoridad Central, serán receptables ante los tribunales o las Autoridades Administrativas de los Estados Contratantes.

Artículo 31. En relación con el Estado que tiene, en asuntos de custodia de menores, dos o más sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes:

a) Toda referencia a la residencia habitual en este Estado deberá referirse a la residencia habitual en una unidad territorial de este Estado; y,

b) Toda referencia a la Ley del Estado de la residencia habitual deberá referirse a la Ley de Unidad Territorial en la que el menor tiene su residencia habitual.

Artículo 32. En relación con un Estado que tenga, en materia de custodia de menores, dos o más sistemas de derecho aplicables a diferentes categorías de personas, se entenderá que toda referencia a la Ley de este Estado se relacionará con el sistema de derecho especificado por la Ley de dicho Estado.

Artículo 33. Un Estado en el cual las diferentes unidades territoriales tienen sus propias normas legales en materia de custodia de menores no estará obligado a aplicar esta Convención cuando un Estado cuyo sistema de derecho es unificado, no está obligado a aplicarlo.

Artículo 34. Dentro del ámbito que le corresponde, esta Convención prevalece sobre la "Convención del 5 de octubre de 1961, sobre la competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores", entre las Partes de ambas. Por otra parte, la presente Convención no debe impedir la aplicación de otro instrumento internacional vigente entre el Estado de origen y el Estado requerido o la Ley del Estado requerido con el propósito de obtener el regreso del menor que ha sido trasladado o detenido ilícitamente o para organizar el derecho de visita.

Artículo 35. Esta Convención se aplicará únicamente entre los Estados Contratantes en caso de plagios o detenciones ilícitas que se hayan producido después de su entrada en vigor entre dichos Estados.

Cuando se ha hecho una declaración de conformidad con los artículos 39 o 40, la referencia del párrafo precedente a un Estado Contratante se entenderá que guarda relación con la unidad o las unidades territoriales a las que la Convención se aplica.

Artículo 36. En esta Convención nada impide que dos o más Estados Contratantes, con el fin de limitar las restricciones a las que el regreso del menor pueda ser sometido, convengan entre ellos el derogar aquellas disposiciones de esta Convención que pueden implicar tales restricciones.

CAPITULO VI

CLAUSULAS FINALES

Artículo 37. La Convención estará abierta a la firma de los Estados que eran Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado durante su Decimocuarta sesión.

Será ratificada, aceptada o aprobada y los instrumentos de ratificación, de aceptación o de aprobación serán depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.

Artículo 38. Cualquier Estado puede adherirse a la Convención.

El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.

La Convención entrará en vigencia, para el Estado adherente, el primer día del tercer mes calendario después del depósito de su instrumento de adhesión.

La adhesión sólo tendrá efecto en las relaciones entre el Estado Adherente y los Estados Contratantes que hayan declarado aceptar dicha adhesión. Tal declaración deberá igualmente ser hecha por cualquier Estado Miembro que ratifique, acepte o apruebe la Convención con posterioridad a una adhesión. Dicha declaración será depositada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos; dicho Ministerio enviará, por vía diplomática, una copia certificada a cada uno de los Estados Contratantes.

La Convención entrará en vigencia entre el Estado adherente y el Estado que haya declarado aceptar la adhesión, el primer día del tercer mes calendario después del depósito de la declaración de aceptación.

Artículo 39. Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que la Convención se extenderá a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable, o a uno o varios de ellos. Dicha declaración surtirá efecto en el momento en que la Convención entre en vigencia para este Estado.

Dicha declaración, así como toda declaración posterior, será notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.

Artículo 40. Si un Estado Contratante tiene dos o más unidades territoriales en las cuales diferentes sistemas de derecho se aplican a asuntos que tengan relación con esta Convención, podrá en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que la presente Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas, y podrá en cualquier momento modificar a una o varias de ellas, y podrá en cualquier momento modificar esta declaración formulando una nueva.

Estas declaraciones serán notificadas al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos e indicarán expresamente las unidades territoriales a las que la Convención se aplica.

Artículo 41. Cuando un Estado Contratante tiene un sistema de gobierno en el que los poderes ejecutivo, judicial y legislativo son compartidos entre las Autoridades Centrales y otras Autoridades de este Estado, la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de la Convención, una declaración formulada de conformidad con el artículo 40, no conllevará ninguna consecuencia en cuanto a la distribución interna de poderes en este Estado.

Artículo 42. Cualquier Estado Contratante podrá, a más tardar en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en el momento de hacer una declaración de conformidad con los artículos 39 o 40, hacer una o dos de las reservas previstas en los artículos 24 y 26, párrafo 3. Ninguna otra reserva será admitida.

Cualquier Estado podrá, en todo momento, retirar una reserva que haya hecho. Este retiro será notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.

El efecto de la reserva cesará el primer día del tercer mes calendario después de la notificación mencionada en el párrafo anterior.

Artículo 43. La Convención entrará en vigencia el primer día del tercer mes calendario después del depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión mencionado en los artículos 37 y 38.

Luego la Convención entrará en vigencia:

1.- Para cada Estado que posteriormente ratifique, acepte, apruebe o adhiera, en el primer día del tercer mes calendario después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2.- Para cualquier territorio o unidad territorial a los cuales la Convención ha sido extendido de conformidad con el artículo 39 ó 40, el primer día del tercer mes calendario después de la notificación mencionada en esos artículos.

Artículo 44. La Convención tendrá la duración de cinco años a partir de la fecha de su puesta en vigencia de conformidad con el artículo 43, primer párrafo, inclusive para los Estados que posteriormente hayan ratificado, aceptado, aprobado o adherido a él.

La Convención será renovada tácitamente cada cinco años, salvo que haya alguna denuncia.

La denuncia será notificada, por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos. Podrá limitarse a ciertos territorios o unidades territoriales a los cuales se aplica la Convención.

La denuncia sólo tendrá efecto con relación al Estado que haga la notificación. La Convención permanecerá en vigencia para los demás Estados Contratantes.

Artículo 45. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará a los Estados Miembros de la Conferencia, así como a los Estados que hayan adherido de conformidad con el artículo 38: 

1.- Las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones mencionadas en el artículo 37; 

2.- Las adhesiones mencionadas en el artículo 38; 

3.- La fecha en la que la Convención entrará en vigencia de conformidad con las disposiciones del artículo 43; 

4.- Las extensiones mencionadas en el artículo 39; 

5.- Las declaraciones mencionadas en los artículos 38 y 40; 

6.- Las reservas mencionadas en los artículos 24 y 26, tercer párrafo y el retiro de las reservas mencionadas en el artículo 42; 

7.- Las denuncias mencionadas en el artículo 44.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados, han suscrito la presente Convención.

Hecho en La Haya, el 25 de octubre de 1980, en francés y en inglés, los dos textos son igualmente auténticos, en una sola copia, que será depositada en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y de la cual una copia certificada será remitida por vía diplomática, a cada uno de los Estados Miembros de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en su Decimocuarta sesión.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
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